Coachella, Grammy y la resistencia que el gobierno de Milei no pudo eliminar
I. Postura sintetizada: la cultura no es un lujo
La música argentina vive su consagración internacional más brillante: Ca7riel & Paco Amoroso ganaron el Grammy 2026, Nicki Nicole y Trueno compiten en las ternas globales, nuestros artistas llenan Coachella, Glastonbury y el Tiny Desk de NPR. Pero ese éxito no es espontáneo ni puramente privado. Fue posible gracias a un ecosistema de política pública que el gobierno de Javier Milei intentó destruir sistemáticamente durante 2024 y 2025. Solo la resistencia organizada de la comunidad cultural —con fundamentos teóricos, movilización federal y autoridad moral incontestable— logró frenar ese plan. Lo que sigue es un análisis de cómo funcionó ese dispositivo de destrucción, por qué fracasó y qué enseñanzas deja para las radios comunitarias y los artistas de Santa Fe y el país.
II. Fundamentación extensa: autores, datos y contexto
II.1. Lo que Bourdieu y García Canclini ya sabían
No hay creación cultural puramente individual. El sociólogo francés Pierre Bourdieu demostró hace más de medio siglo que el arte emerge de lo que llamó el campo cultural: un sistema de relaciones entre artistas, formadores, críticos, editores, circuitos de circulación y públicos. Destruir cualquier eslabón deteriora todo el sistema. Bourdieu explicó por qué el mercado, por sí solo, nunca puede reemplazar al Estado: la lógica comercial busca rentabilidad y demanda probada. El mercado nunca financiaría a un músico desconocido de dieciséis años en un centro cultural de barrio. El Estado sí puede hacerlo — y es ahí donde aparecen, años después, los artistas que el mercado luego convierte en fenómenos globales.
El argentino Néstor García Canclini —referente en políticas culturales— llevó este argumento al plano de la política pública: el objetivo de la política cultural no debe ser "defender" lo local del mercado, sino crear condiciones para que lo local pueda desarrollarse y dialogar en igualdad con el mundo. Las industrias culturales son el sector más dinámico del desarrollo social y económico. Ignorarlas no es neutralidad: es una decisión con consecuencias. Este marco teórico explica por qué el INAMU (creado en 2012 con el 2% de un gravamen audiovisual) construyó un ecosistema federal que el mercado jamás habría generado: más de 10.000 grupos beneficiados, 1.400 proyectos activos solo en 2023, y escuelas públicas de música donde se formaron artistas como Ca7riel, egresado de la Escuela Juan Pedro Esnaola (institución pública y gratuita creada en 1974). No hay forma de que ese recorrido exista sin política pública.
II.2. El intento de destrucción: lógica de mercado contra evidencia empírica
A comienzos de 2024, el gobierno de Javier Milei presentó la "Ley de Bases". Entre sus cientos de artículos, medidas apuntaban al corazón del ecosistema cultural: eliminar el financiamiento específico del INAMU, cerrar el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, desfinanciar el INCAA, vaciar el FOMECA (fondo para radios comunitarias y medios de pueblos originarios). El argumento era el ajuste, la reducción del gasto, la lógica del mercado como único árbitro. Datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran que de cada 100 pesos ajustados en 2024, la cultura ni siquiera aparecía en el ranking. Quitarle ese pequeño porcentaje no cambiaba ningún número macroeconómico, pero cambiaba el mensaje político: la cultura como lujo, como gasto superfluo. El ENACOM reconoció ante FARCO que retiene más de $13.753 millones del FOMECA, recaudados entre 2023 y 2025. Ese dinero debería haber llegado a radios comunitarias de todo el país, incluyendo muchas de Santa Fe. No llegó. La inflación lo devoró.
II.3. Judith Butler: la resistencia como performatividad política
Bourdieu y García Canclini diagnostican el problema, pero no nos ofrecen herramientas suficientes para analizar cómo la comunidad cultural logró imponerse políticamente. Aquí es indispensable incorporar a Judith Butler, filósofa del performance político. Butler sostiene que la aparición en el espacio público no es un mero "mostrarse", sino un acto performativo que redefine quién cuenta como sujeto valioso. Los cuerpos que se reúnen, que cantan, que tocan instrumentos frente al Congreso, están performando su propia legitimidad. La consigna del 23 de enero de 2024 —"Tocamos para que no toquen el INAMU"— es un ejemplo perfecto. Al tocar, los músicos no solo reclamaban: demostraban en el acto lo que el Estado estaba poniendo en riesgo. Cada acorde en las calles de Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata mostraba que la cultura produce valor simbólico, encuentro comunitario e identidad colectiva.
Butler introduce la noción de precariedad: la vulnerabilidad diferencial al abandono. El gobierno intentó volver precaria a la comunidad cultural. Pero la resistencia organizada invirtió esa lógica: al aparecer juntos, los cuerpos de músicos, técnicos y oyentes de radios comunitarias se volvieron menos precarios. La performance de la asamblea, el festival, la movilización federal, produjo la exigencia de que esas prácticas sean reconocidas como dignas de ser protegidas por el Estado. Para una radio comunitaria de Santa Fe, cada vez que salen al aire con producción local, realizan un acto performativo: dicen "esto importa".
II.4. Chantal Mouffe: el conflicto agonístico como motor de la política cultural
La politóloga belga Chantal Mouffe desarrolló la teoría de la democracia agonística. Para Mouffe, lo político es siempre conflictivo: hay disputa entre proyectos hegemónicos. El gobierno de Milei intentó instalar una hegemonía: la idea de que el mercado es el único mecanismo legítimo de asignación de recursos. Ese proyecto incluía la destrucción de las políticas culturales. La resistencia cultural argentina logró lo que Mouffe llama una contra-hegemonía: construir un relato alternativo con capacidad de disputar el sentido común, no apelando a la nostalgia sino a los hechos. El comunicado de la Mesa de la Industria y la Actividad Musical decía: "Nuestro país, que es un ejemplo de producción cultural, pasaría a dejar que sea sólo la lógica de mercado la que determine qué cultura se produce". Esa frase es profundamente mouffeana: reconoce el conflicto político entre dos modelos.
La movilización de enero de 2024 fue agonística en el mejor sentido: artistas de todas las ideologías —Charly García, Fito Páez, La Renga, Susana Rinaldi, Palito Ortega, Ricardo Darín— se unieron no por una misma visión del mundo, sino por la defensa de una institución concreta (el INAMU) que hacía posible la diversidad cultural. Mouffe llama a esto un "consenso conflictivo": un acuerdo táctico sobre lo que no se negocia, sin anular las diferencias profundas. El gobierno retrocedió porque la resistencia fue masiva, legítima y costosa políticamente. Mouffe diría que el campo popular articuló una cadena equivalencial: el INAMU se convirtió en el símbolo de toda una forma de entender la cultura como derecho, no como mercancía.
II.5. Por qué esta autoridad moral es incontestable
Si el Estado no debería financiar la música, ¿cómo se explica lo que la música argentina está logrando exactamente mientras ese Estado era desmantelado? Los números son contundentes:
- Ca7riel & Paco Amoroso: Grammy 2026 y 5 Latin Grammys en 2025.
- Su Tiny Desk superó las 16 millones de visualizaciones (más que Dua Lipa).
- Gira mundial 2025: Coachella, Glastonbury, Fuji Rock, Lollapalooza, Roskilde.
- En 2023: 2.500 millones de veces que artistas argentinos fueron descubiertos en Spotify.
- Crecimiento de la cumbia argentina en Spotify: 237% desde 2020.
- Nicki Nicole y Trueno (Rosario) compartieron terna en los Grammy 2026 con figuras globales.
Ese resultado es la refutación más elocuente al argumento del gobierno. No solo demuestra que el ecosistema de fomento funcionó, sino que quienes lo defendieron tenían razón — con los números para probarlo. La autoridad moral de la comunidad cultural argentina descansa en los hechos: Coachella, el Grammy, Glastonbury, el Tiny Desk, los miles de millones de descubrimientos en Spotify.
III. Cierre: lo que queda pendiente en Santa Fe y en todo el país
El INAMU sobrevivió. Pero el FOMECA fue eliminado mediante la Resolución 11/2026 del ENACOM. Las deudas con medios comunitarios siguen sin pagarse — incluyendo a muchas radios de la provincia de Santa Fe que dependen de esos fondos para sostener su programación, pagar costos operativos y seguir siendo una voz alternativa donde los grandes medios no llegan. El gravamen audiovisual que financia todo este ecosistema está bajo amenaza permanente. El gobierno intentó derogarlo en la Ley Ómnibus, en la Ley de Bases, y luego en proyectos de reforma laboral. Si ese gravamen cae, incluso el nuevo fondo creado para reemplazar al FOMECA se queda sin recursos.
La victoria de enero de 2024 fue real. Pero es una victoria en una guerra que continúa. El arma más poderosa de quienes defienden el ecosistema cultural no es la nostalgia ni la queja: es la evidencia de que cuando el Estado invierte en cultura, Argentina se convierte en potencia cultural mundial. Eso no lo puede negar ningún fundamentalista del mercado, por más convicción que tenga — porque los números no mienten, y los premios tampoco. El gobierno que intentó destruir este ecosistema hoy ve cómo Argentina es celebrada en Tokio, Londres, Los Ángeles y Las Vegas por su música. Y no dice nada al respecto. Quizás porque no tiene cómo explicarlo sin contradecirse a sí mismo.